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El Tráfico Ilegal

Humanos

La frontera tiene el número más alto de cruces legales e ilegales de cualquier frontera terrestre en el mundo, excepto a la frontera de Canadá y EE.UU. Según el Departamento de Estado de EE.UU., los Estados Unidos es un país de destino para miles de hombres, mujeres, y niños que son víctimas del tráfico de personas con el propósito de explotación sexual y/o laboral. Muchas de estas víctimas son engañadas con falsas promesas de empleos bien pagados, pero acaban obligados o forzados a la prostitución, al servicio doméstico, o la labor forzada en fabricas o en la agricultura. Los grupos considerados más vulnerables en México son las mujeres, los niños, los indígenas, y los migrantes indocumentados.

Según al gobierno mexicano, más de 20.000 niños mexicanos son víctimas del tráfico sexual cada año, especialmente en zonas turísticas y fronterizas. Además, el deseo de mano de obra barata en la industria agraria y la dificultad de los inmigrantes para entrar legalmente ha creado las condiciones para que las personas sean traficadas ilegalmente y explotadas.

En los últimos años, desde la promulgación de la ley federal del tráfico sexual criminal en 2000, el número de casos de tráfico de personas llevadas a tribunales ha aumentado dramáticamente. A pesar de grandes avances que se han hecho en la lucha contra el tráfico sexual, hay mucho más que se tiene que hacer para identificar las víctimas de este delito. La leyes federales de los EE.UU. permiten al Departamento de Seguridad Interior expedir visas de no inmigrante a las víctimas del tráfico, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos para certificarles para beneficios similares a las disponibles a los refugiados. El tráfico de personas se ha convertido en una prioridad no sólo del EE.UU. Departamento de Justicia (DOJ) y el gobierno federal, sino también de muchos gobiernos estatales y locales. Hoy en día, al menos 39 estados de EE.UU. han aprobado leyes del tráfico sexual de personas.

El gobierno de México tomó medidas para aplicar su ley federal contra el tráfico de personas y publicó leyes en febrero del 2009. Hoy en día, veintidós estados mexicanos y su distrito federal han promulgado leyes para criminalizar algunas formas del tráfico de personas al nivel local. Sin embargo, el año pasado ni condenas ni penas severas contra los delincuentes del tráfico humano han sido vistos, aunque el gobierno federal abrió 24 investigaciones penales diferentes.

Aunque ha habido un mayor activismo por parte de las autoridades mexicanas para abordar las cuestiones de los problemas del tráfico humano y el contrabando, el marco jurídico mexicano sigue siendo en gran parte intacto y por lo tanto limitado en su lucha. A pesar de la reciente aprobación de protocolos internacionales para luchar contra la tráfico de personas y el aumento de la cooperación entre los Estados Unidos y México, la falta de crecimiento económico en la región de América Latina, junto con los pautas de migración histórica, han impulsado una industria para el contrabando y el tráfico de personas.

Drogas

En los años recientes, los carteles han luchado violentamente entre ellos y con el gobierno mexicano. Al tomar posesión del cargo en diciembre 1996, el presidente mexicano Felipe Calderón envió miles de tropas federales en una ofensiva agresiva a la violencia del narcotráfico. Sin embargo, el número de muertos continúa aumentando. Hubo más de 2.500 muertes relacionados con las drogas en 2007, y la cifra anual ascendió a más de 4.000 a finales de 2008. Los asesinos y las peleas callejeras son sólo una parte de un problema más profundo que incluye a las fuerzas de policía corruptas y un poder judicial mediocre. Los expertos dicen que reformas para la policía y el poder judicial son un paso en la dirección correcta, pero estas reformas necesitarán tiempo para ponerse en práctica.

Mientras tanto, el aumento y la sustentabilidad de cooperación desde los Estados Unidos es visto como necesario para contener la violencia del narcotráfico. México se ha embarcado en unas series de reformas judiciales que podrían transformar su sistema de justicia, entre ellos la transición de un sistema actual escrito inquisitivo a un sistema oral acusatorio. Aunque se ha quedado atrás comparado con la mayoría de los países grandes de América Latina en este proceso de reforma, esto puede ser una ventaja para México porque puede ir aprendiendo de las experiencias de los demás.

El mercado de drogas ilegales en los Estados Unidos es uno de los más lucrativos del mundo. Atrae a los narcotraficantes más despiadados, sofisticados, y violentos. Según el reportaje de Estrategia Control de Narcóticos Internacionales del Departamento de Estado de 2008, alrededor del 90 por ciento de la cocaína que entra a los Estados Unidos viene a través de México. El comercio extensivo de cocaína en México está controlado por los cárteles basados en las zonas fronterizas y en la costa sureste. El Cártel de Sinaloa, del Golfo, y de Tijuana han tenido una guerra territorial cada vez más violenta sobre las rutas claves de tráfico y las “plazas” o zonas fronterizas de cruce.

Por su ubicación geográfica, México ha sido utilizado como una puesta de transporte de narcóticos y otros contrabandos destinados a los mercados de los EE.UU. desde México, América del Sur, y otros lugares. Durante la década de 1980 y a principios de 1990, Pablo Escobar de Colombia fue el exportador principal de cocaína y trató con redes de delincuencia organizada por todo el mundo. Cuando los esfuerzos de ley se intensificaron en el sur de Florida y en el Caribe, las organizaciones Colombianas formaron asociaciones para transportar cocaína a través de México a los Estados Unidos. Esto se logró fácilmente porque México ha sido un sitio importante de tráfico de heroína y marihuana, y los traficantes de drogas de México ya habían establecido una infraestructura que estaba dispuesta a servir a los traficantes Colombianos. A mediados de la década de 1980, las organizaciones de México estaban bien establecidas y se convirtieron en transportistas fiable de la cocaína colombiana.

Armas

Armas de fuego no son disponibles legalmente para comprar en México, por eso carteles deben pasarlas de contrabando a través de los EE.UU. Muchas están adquiridas en los EE.UU. por los miembros del cartel a través de compras ilegales y luego mandadas de contrabando a México. Los cárteles mexicanos a menudo pagan a ciudadanos de EE.UU. para comprar rifles de asalto o de otro tipo de armas en las armerías o ferias de armas, y luego los venden a un representante del cártel.

Una gran mayoría de las armas confiscadas en México (90%) se trazan su origen a los Estados Unidos. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) ha trazado más de 23 mil armas de contrabando a México de los Estados Unidos desde 2005, y mostró que entre 2005 y 2008, Texas, Arizona y California son los tres estados proveedores más prolíficos, respectivamente, del tráfico de armas de fuego ilegales a México.

Los Estados Unidos no tienen una estrategia coordinada para detener el flujo de armas de contrabandos a través de su frontera sur. Es un fracaso que ha impulsado el ascenso de cárteles poderosos de delincuentes y la violencia en México. Según la Oficina del Congreso de la Responsabilidad Gubernamental, cual era la primera evaluación federal de la cuestión, ofreció conclusiones muy candentes que probablemente influirán el debate sobre el papel de las armas de fabricación estadounidense, tanto como la violencia que amenaza con propagarse a través de la frontera con México. El documento también citó informes de inteligencia de EE.UU. recientes que indican que la mayoría de las armas estaban siendo usados en el tráfico ilícito de manera específica para los sindicatos - y que se utilizan no sólo contra el gobierno mexicano, sino también para ampliar su operación de tráfico de drogas en los Estados Unidos.

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes ha aprobado una ley (H.R. 6028 también conocida como la Iniciativa Mérida) que autorizaría a 73,5 millones dólares a ser apropiados durante tres años para aumentar los recursos comprometidos a interrumpir el flujo de armas ilegales a México. Los diputados incluyeron $10 millones de dólares en el paquete de estímulo económico para el Proyecto “Gunrunner”, una operación federal con medidas contra el tráficode armas.